La Comunidad de Madrid se suma a Andalucía, Canarias, Cataluña, País Vasco y Asturias y se convierte en la sexta Comunidad Autónoma española que dispone de una normativa específica en cuanto a cardioprotección a través de la instalación de desfibriladores. Estos dispositivos serán obligatorios en todo tipo de espacios con una alta afluencia de personas.